En la imagen, Carmen Marín, presidenta de Parque Animal, junto a su marido, ambos del PP.

Parque Animal vuelve a abrir sus puertas. El titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Málaga ha estimado el recurso presentado por la asociación investigada por supuesto maltrato dejando sin efecto la orden de cierre cautelar dictada por el Ayuntamiento de Torremolinos. El colectivo siempre ha defendido que el expediente sancionador abierto por el Consistorio (seis meses de clausura y una multa de 15.000 euros por infracción administrativa tipificada como falta grave) se basó únicamente en el informe-denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sin esperar al dictamen de los tribunales.

Pese a la imputación de sus dos máximos responsables y dos veterinarios por el presunto sacrificio irregular de 2.230 perros y gatos con bajas dosis del medicamento letal para ahorrar costes y otros delitos como estafa y falsedad documental, el colectivo mantuvo su inocencia, asegurando que las eutanasias solo se realizaban en casos puntuales y que las muertes no eran agónicas.

El Ayuntamiento rechazó hasta en dos ocasiones las alegaciones presentadas por Parque Animal, procediendo el pasado 16 de febrero al precinto de las instalaciones una vez trasladados a una residencia canina de Alhaurín de la Torre los últimos 72 perros que quedaban. Ese mismo día, la Administración municipal emitió un comunicado en el que aclaraba que con independencia de quienes sean los administradores del albergue animal en cada momento, una vez se constatara la subsanación de las anomalías denunciadas por el Seprona se iniciarían los trámites para autorizar a la entidad la reapertura del recinto en las mismas condiciones que fueron objeto de concesión debido al servicio de que presta en la ciudad al hacerse cargo de los animales encontrados en la vía pública.

Recurso judicial

Pese a ello, la asociación no se dio por vencida y decidió acudir a la vía judicial, cuyo resultado ha sido un auto en el que el magistrado acuerda «con carácter provisional y urgente, la suspensión del decreto de 1 de febrero de 2011 por el que se impone a la recurrente una sanción de 15.000 euros y la clausura y precinto del establecimiento por plazo de seis meses».

En cualquier caso, el juez ha citado a las partes para el próximo día 16 «para sesr oídos sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida».