María Sanahuja, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, ha dejado sentados tres criterios relacionados con las denuncias por malos tratos:

1. Una mujer no puede acudir desnuda a los tribunales sin pruebas. No se puede condenar sin pruebas.

2. Confesó que ella no es pitonisa (clarividente), aunque a juzgar por las sentencias vistas, parece que abundan en la carrera judicial. Ahora ya es también ilegal.

3. Las grabaciones serían las pruebas que pueden permitir discriminar entre quien denuncia maltrato y quien denuncian en falso. Pero no parece que a todos los jueces les guste las pruebas materiales, porque limitan su libertad de sentenciar “a placer”, prefiriendo ejercer de pitonisas.

En contra de ese criterio, la abogada comunista Cristina Almeida nos ilustró con el funcionamiento de la justicia de corte totalitario, donde la existencia de una mujer muerta, justifica la fumigación de los derechos fundamentales. Sus palabras carentes de valor intelectual o jurídico, eran más propias de la Cristina quema-libros que de un defensor de los derechos humanos. Lo relevante de sus palabras es que revelaban las claves del funcionamiento de la justicia fundamentalista de género en el siguiente principio: condenar con la simple palabra de la mujer, liquidando de facto la presunción de inocencia. Esta teoría nos recuerda el valor de la palabra del blanco frente a la del negro, o de la del ario frente al judío. La venganza, el resentimiento y la revancha de género parecen ser la fuente de inspiración de la justicia de género vigente y que Cristina Almeida ha defendido y caracterizado tan abiertamente sin rubor alguno, lo que apunta a una preocupante insensibilidad social en los valores democráticos y de justicia.Lo cierto es que la magistrado ha explicado las claves para acabar con toda esta basura de género, pero sus palabras son demasiado sensatas y eficaces como para que esta España fundamentalista se permita seguirlas: acabaría con la industria del maltrato, tan necesaria para mantener este estado de persecución del hombre tan rentable electoralmente.

La magistrado catalana defendió la necesidad de que imperara el estado de derecho, que se respetara la presunción de inocencia, que se persiguiera a los criminales, que la justicia fuera rápida y eficaz y pedía que, a la vez que se condena con rigor y con dureza al culpable, se evitara encarcelar al inocente, algo que compartimos plenamente.

Enfrente tenía a una mujer con una foto de su hermana asesinada por su marido y a Cristina Almeida que argumentaba la necesidad de condenar sin pruebas a todo aquel denunciado por su compañera del alma. También proclamaba que los absueltos no lo son por ser inocentes, sino por falta de pruebas, una reinterpretación del derecho constitucional a la presunción de inocencia más conforme con el ideario fundamentalista de género. Claro que después de los deseos de Cristina Almeida de quemar libros de César Vidal, no nos extraña que piense así. Y ya puestos, ¡¿por qué no gasear a los varones al alcanzar la mayoría de edad?! Demasiada compasión, pensarán. Debe resultarles más morboso contemplar la lenta aniquilación espiritual del ex.