El juicio por la caída de una grúa en la calle Real de La Coruña, en noviembre de 2002, que provocó la muerte de dos mujeres cuando se encontraban en su vivienda, ha quedado suspendido este lunes, en la Audiencia Provincial de La Coruña, por la ausencia de los herederos de perjudicados de este proceso, ya fallecidos.

El juicio, en el que están imputados el gerente de la empresa constructora, que era el único responsable de manejar la grúa; el coordinador del montaje; un operario encargado de dar las instrucciones para instalarla; un técnico director y un técnico gruísta, estaba previsto que comenzase este lunes en la Audiencia Provincial de La Coruña y que se prolongase durante cinco días.

Debido al número de testigos y abogados, se había decidido celebrar la vista oral en esta sede judicial y no en el Juzgado de lo Penal número 1, que lleva el caso. Sin embargo, finalmente, quedó suspendida “porque han fallecido unos perjudicados y no se sabe quiénes son los herederos”, ha explicado el letrado de una de las compañías aseguradoras personadas en la causa.

No obstante, pese a la suspensión, las partes personadas han intentado llegar a un acuerdo sobre las penas de prisión que se solicitan a los acusados que, finalmente, no llegó a materializarse este lunes.

Penas de prisión

La Fiscalía solicita que cada uno de los procesados sea condenado a dos años y siete meses de prisión por sendos delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de daños, penas que una de las acusaciones, que representa a parte de los damnificados, eleva a entre un año y cuatro de prisión. Además, se exige la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante cinco años.

Para el ministerio público, los acusados incumplieron la normativa de seguridad, lo que provocó el desprendimiento de la grúa, sobre el tejado del teatro Rosalía de Castro. Los hechos se produjeron en un momento en el que el viento que había ese día –el mismo en el que se produjo la catástrofe del Prestige, el 13 de noviembre de 2002– alcanzó una velocidad máxima de 104 kilómetros por hora.

El fiscal entiende que las condiciones meteorológicas eran “previsibles” en ese mes y explica que uno de los raíles de la grúa se desmontó “al no estar sujetos a la base” de hormigón. Además, argumenta que la torre carecía del mecanismo necesario para situarla en posición de veleta y que el contrapeso que causó la muerte de las dos mujeres, septuagenarias, estaba mal fijado.

Los procesados trabajaban para Talleres Hércules, propietaria de la grúa, para la constructora Fermina y para la compañía que certificó el montaje de la estructura, Atisae.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide indemnizaciones para las familias de las víctimas por 90.000 euros. También deberán responder por los daños que ocasionó el desplome sobre tres edificios de la calle Real y el teatro Rosalía de Castro y que fueron cuantificados en unos 60.000 euros.