La manipulación de las noticias, según los intereses políticos del grupo mediático de referencia, se ha hecho patente en el tema de la reforma de las pensiones. El hecho incontrovertible es que el Partido Popular y el PSOE, junto con otros grupos, han acordado bajar las pensiones. De nada vale que algunos diputados populares afirmen, en esa táctica tan habitual en ellos de utilizar el lenguaje para negar la realidad, que su partido no pactará jamás nada que vaya en contra de los derechos adquiridos, pero el hecho real es que, a resultas del acuerdo tomado en el Pacto de Toledo, las pensiones bajarán por efecto de la ampliación del cómputo de años cotizados para calcular lo que un españolito acabará cobrando.

El segundo hecho incontrovertible es que en ese mismo acuerdo no se asegura cuál es la edad de jubilación, que es tanto como dejar abierta la puerta para la ampliación, voluntaria u obligatoria en un futuro más o menos inmediato, bajo la curiosa fórmula de que se tenderá a acercar el tiempo legal al real. Fórmula que les permitirá hacer realidad lo que España tiene acordado en la UE: ampliar la edad legal de jubilación (acuerdo que el PP no ha rechazado). Algo que, por tanto, tendrá que hacer el PSOE ahora o el PP después. Lo único que buscan PSOE y PP es que exista un ambiente propicio para ello o que sea el otro el que cargue con la cuenta de gastos. Así conseguirán una ampliación que los españoles, tras un tiempo de propaganda, acabarán aceptando por la necesidad imperante de conseguir que su pensión crezca en algo al reducir, trabajando más años, los efectos negativos resultantes de la ampliación de los años de cómputo. Que lo acepten sólo dependerá de la habilidad a la hora de extender esta tesis del estado de necesidad.

Aunque hoy exista una cierta dosis de crítica, centrada en el gobierno más que en el acuerdo tomado por consenso entre el PSOE y el PP, junto con otros grupos, la realidad es que durante meses llevamos oyendo a muchos contertulios y expertos económicos de toda tendencia, de derechas o de izquierdas, que el sistema de pensiones español es insostenible, que el sistema de pensiones conducirá a la quiebra de la Seguridad Social, que las pensiones futuras no están aseguradas, etcétera. Todos han propuesto como solución lo mismo: ampliar el cómputo de años para el cálculo y ampliar la edad de jubilación. Así de claro, aunque hoy los mismos medios que han dado cancha a esa tesis desaten las furias contra Zapatero. La realidad es que el PSOE lo plantea ahora por necesidad, contraviniendo sus planteamientos políticos, y el PP se refugia en las palabras y en el eufemismo para decir lo mismo, pero dejando que sea José Luis Rodríguez Zapatero quien cargue con el desgaste político que supone avalar tales medidas.

Desde hace tiempo, mucho antes de que se desatara una crisis que acabará justificando el recorte o el entierro del Estado del Bienestar y de muchos derechos sociales, he sostenido que existe en los medios financieros y de crédito un objetivo claro: poner fin al sistema de pensiones español para poder colocar unos productos que hoy, por efecto de esa crisis y de los riesgos asumidos por esos medios, distan de ser seguros y rentables. Desde hace tiempo está sobre la mesa un mercado de millones de ciudadanos que todavía no han entrado masivamente y de forma total en el sistema privado de pensiones. Un bocado muy apetitoso para un sistema financiero y de crédito deseoso de saciar su voracidad monetaria. En estos años el estado de alarma permanente que existe desde hace décadas sobre el futuro de las pensiones no ha sido capaz de movilizar a los ciudadanos para invertir de forma decisiva en esos productos bancarios. Ahora, con la reforma y los consejos indirectos a los ciudadanos para que corran a firmar un plan privado de pensiones, a buen seguro que en más de una dirección se están frotando las manos.

Dejando a un lado esta hipótesis la realidad es que tanto el PP como el PSOE son incapaces de plantear una alternativa a la de la reducción de las pensiones y la elevación de la edad de la jubilación. Ambos prefieren que sean los ciudadanos los que se recorten, sufran la elevación de la presión fiscal en vez de plantearse abiertamente poner fin al gran agujero negro de la economía española: el Estado de las Autonomías. Frente a ese agujero el ahorro en el sistema de pensiones es una nadería. Pero para eso hace falta un valor político del que carecen.

Al mismo tiempo son muchos los ciudadanos que se indignan ante las autopensiones blindadas de la casta política, que se indignan ante las decenas de miles de prejubilaciones a costa de sus cuotas (curiosamente mientras se anuncia el acuerdo para el recorte se da a conocer que la reestructuración de las Cajas supondrá la prejubilación de 11.000 trabajadores a costa de las arcas públicas), que se indignan ante el despilfarro permanente del gobierno (800.000 de euros concedidos a Marruecos el mismo día en que se anuncia el acuerdo de los partidos para reducir las pensiones). Unos españoles indignados pero que no se dan cuenta de que aquí existen dos varas distintas de medir.

*Portavoz de Alternativa Española (AES) y catedrático.