Una multa publicada en un boletín oficial, comentarios negativos en blogs o foros de Internet o una fotografía comprometedora en una red social. Cualquier persona está expuesta a que su nombre o imagen aparezca en Internet de forma que pueda resultar perjudicial en su vida personal o profesional y, cuando esto ocurre, surge una pregunta: ¿es posible borrar esa información? En el portal www.salirdeinternet.com tienen la respuesta. Esta novedosa web ofrece, previo pago, la posibilidad de eliminar de la Red todo aquello que pueda causar algún tipo de daño al interesado.

Un equipo de cuatro abogados se encuentra detrás de este proyecto, al que han acudido ya más de 200 clientes y con el que este despacho profesional ha conseguido, de forma pionera, eliminar resultados de búsqueda de Google y datos personales de un boletín oficial «por vulneración de la Ley de Protección de Datos», según asegura Miguel Juan Corbacho, uno de sus fundadores.

El trabajo de estos letrados consiste en eliminar información no deseada de la Red tanto en la página web de origen como en los buscadores, para evitar que cuando un usuario realice una búsqueda con los términos seleccionados, figure como resultado los enlaces a las páginas con el contenido inapropiado. «Hay personas que han estado implicadas en procedimientos judiciales muy duros y después han sido absueltas pero siguen apareciendo en Internet vinculadas a esos casos», apunta Corbacho, director del portal.

El éxito de esta web ha sido tal que sus propios creadores están sorprendidos. «La abrimos en julio y ya manejamos más de 2.000 enlaces y atendemos a más de 200 clientes», señala Corbacho, que cree que no les faltará trabajo en el futuro: «Hay páginas de adolescentes en las que cuelgan sus fotos para que voten su cuerpo o imágenes subidas de tono que harán que dentro de unos años se tiren de los pelos por haberlas hecho públicas».

Sobre los precios, cada enlace web del que se quiera eliminar información cuesta 50 euros más IVA. Si hay que acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hay que sumar 90 euros por expediente y otros 190 en caso de tramitar denuncia. Los gastos de notificaciones ascienden a 20 euros. «Si no conseguimos el objetivo, devolvemos el dinero», aclara Corbacho.

Entre los casos más frecuentes que reciben destaca la publicación de sanciones en documentos públicos. «La Administración puede publicarlas en boletines oficiales, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos como notificárselo al interesado, y no siempre lo hace. Además, la ley dice que la publicación de datos debe servir al principio de calidad y utilidad», argumenta Corbacho.

Procedimientos

Las redes sociales también son un foco importante de disgustos, en muchos casos por personas que se han dado de baja, pero cuyas fotografías o vídeos siguen almacenados en los buscadores. «Nuestro procedimiento consiste en enviar un requerimiento al sitio web donde aparece la información e indicarle que la ley les obliga a quitarla en diez días. Si no se cumple, acudimos a la AEPD».

En el caso de periódicos y blogs, entra en juego el equilibrio entre los derechos a la información y a la libertad de expresión. «Si una persona no ha sido sujeto activo o pasivo de un hecho noticiable o no es un personaje famoso no tiene por qué salir en ningún sitio que no haya consentido», advierte este letrado, que argumenta que «los ‘bloggers’ no son conscientes de que no se puede criticar a cualquier persona y decir lo que le dé la gana, ya que le puede caer una sanción muy gorda».