Aunque el ‘caso Mercasevilla’ viene de antiguo, la fiscalía de Sevilla permanece de perfil, de perfil bajo, y por fin, ayer, RTVE se enteró de que hay un caso Mercasevilla que huele a podrido y en el que están implicados hasta el tuétano el PSOE e IU, ambos socios de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla. Lo último es que ya son cuatro los prejubilados fantasmas de Mercasevilla, dos de ellos ni siquiera trabajaron nunca en Mercasevilla, ERE pagado con el dinero de todos los andaluces. El PP está convencido de que el escándalo en torno a Mercasevilla puede llegar a afectar a «altos cargos socialistas en Madrid», por lo que critica la tibieza de la Fiscalía Anticorrupción ante un caso que exige una investigación «clarísima» y cuyos tentáculos cada vez llegan más lejos. El Comité de Empresa reconoció que podría haber financiación irregular del PSOE tras estos hechos.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el candidato a la alcaldía de Sevilla por este partido, Juan Ignacio Zoido convocaron ayer a la prensa en la sede nacional de los populares para poner de manifiesto la dimensión nacional, y no sólo sevillana, del tema. No se olvide que Mercasevilla está participada por la nacional Mercasa y que Mercasa estuvo presidida nada menos que por Javier de Paz, amigo íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero, en el momento de los escándalos. Actualmente y desde 2008, está presidida por el sevillano Ignacio Cruz Roche, vinculado al PSOE desde 1996.

El PP cree que tras Mercasevilla hay una «posible trama de corrupción que ha llegado a traspasar muros de la empresa y que puede llegar hasta despachos de altos cargos socialistas en Andalucía y en Madrid» y que «en Mercasevilla, el denominador común de la corrupción es el PSOE, la trama empieza y termina ese partido. De las extorsiones a empresarios pasando por ERE en los que se jubilan dirigentes del PSOE que nunca han trabajado en la empresa a operaciones urbanísticas de más de 10.000 millones de pesetas”.

El PP recordó que el propio Gobierno tiene «una gran responsabilidad» en el caso puesto que el Ministerio de Medio Ambiente posee el 48,2 por ciento de la empresa, al igual que la Junta de Andalucía y su anterior presidente, Manuel Chaves; y el Ayuntamiento y su alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.” Además, en el caso aparecen desde amigos de Gaspar Zarrías, secretario de estado de la Vicepresidencia tercera del Gobierno que ostenta Manuel Chaves hasta concejales del Ayuntamiento de Sevilla, tanto del PSOE como de IU. Incluso el mandamás del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, que fue consejero dfe Empleo de la Junta, ha tenido que salir al paso de las sospechas explicando que el ERE que aprobó está perfecto, aunque, como es sabido, se añadió una persona por la que alguien ha cobrado 130.000 euros.

El PP denuncia asimismo la financiación irregular vía subvenciones y adjudicaciones de la Junta, mediante la extorsión posterior de los subvencionados a los que se pedía una parte del importe concecido como muestran las grabaciones magnetofónicas sin duda alguna.

González Pons subrayó que éste es «uno de los ejemplos más claros y escandalosos de la doble vara de medir» de la Fiscalía General, a la que ha reprochado no haber actuado en muchas de las diligencias y «guardar silencio» en otras o «adherirse» a la defensa en lugar de la acusación. A González Pons no le cabe «la menor duda» de que si fuera el PP el implicado en el caso, sus dirigentes ya habrían «sido esposados» y trasladados a la Audiencia Nacional. Sin embargo, como afecta a los socialistas, la Fiscalía «tiene los brazos caídos y el corazón paralizado», añadió el vicesecretario de Comunicación. Así, adelantó que de llegar al Gobierno, el PP investigará los casos que con Cándido Conde Pumpido como fiscal general del Estado este órgano no ha investigado y a quienes «han dado la orden para que no se haga».

Aparecen dos nuevos prejubilados sospechosos

Hasta ahora se conocía que Antonio Garrido Santoyo, un ex dirigente del PSOE en Baeza, Jaén, que dimitió tras conocerse el escándalo y hasta que estos hechos se aclarasen, había sido beneficiado por el ERE a pesar de no haber trabajado nunca en Mercasevilla. . Garrido admitió que conocía a Juan Lanzas, sindicalista de UGT e intermediario en el ERE, que también es de Jaén. Además, según denunció el PP es amigo de Ismael Sierra, cuñado de Lanzas y propietario de la empresa Maginae Solutions, que también asesoró en el ERE. Tambièn se sabía que María del Carmen Fontela era beneficiaria del ERE pero decía no haber cobrado ni un euro ni habere trabajado nunca en Mercasevilla. La Junta aseguró que en los documentos que les fueron entregados no aparecía este nombre, sino que fue con posterioridad, tras una firma del protocolo de colaboración entre Mercasevilla y el director general de la Junta, Javier Guerrero Benítez, de la Consejería de Empleo cuyo titular era Antonio Fernández, que se ha sabido fue beneficiado asimismo por otro ERE en González Byass.

Ayer, el PP denunció ayer dos nuevos casos de supuestas prejubilaciones irregulares en Mercasevilla y ahora sí tienen vinculación con la empresa. En esta ocasión, su inclusión formó parte de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 entre la empresa pública de mercados y los representantes sindicales, según admitieron ayer ambas partes. Los dos pactaron incluir en el plan de indemnizaciones avalado posteriormente por la Consejería de Empleo a dos empleados que no formaban parte de la plantilla municipal, sino que estaban en la bolsa de contratación de la empresa. Cubrían periódicamente vacantes o tenían contratos temporales con el compromiso de ser contratados en cuanto hubiera una plaza libre. Al rebasar los 50 años se les autorizó su inclusión en el plan de prejubilaciones.

José Antonio Rivera Martínez se incluyó entre los beneficiarios del ERE tras un proceso que arrancó el 11 de mayo de 2007 cuando el ex director general de la empresa, imputado en tres causas distintas por su gestión, remitió un escrito en el que alegaba que se había producido un “error” y se había omitido a este empleado. El entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, también imputado por cohecho, lo autorizó el 17 de mayo. Tanto la dirección de Mercasevilla como el comité de empresa incidieron en que se trata de un caso “legal” y que se incorporó su nombre por un acuerdo entre todas las partes. Rivera, sin embargo, no formaba parte de la plantilla de Mercasevilla, sino que era miembro de la bolsa de contratación en su categoría de mantenimiento con un rango prioritario en cuanto a su contratación:

El segundo caso denunciado por los populares es el de Francisco Reyes Bermúdez, con 51 años el día del inicio de su relación laboral con Mercasevilla, con una serie de contratos temporales que fue encadenando desde julio de 2004, según consta en el informe de su vida laboral. Su nombre sí se incluyó desde el principio en el listado de 63 empleados que rebasaban los 50 años y que, por tanto, podían acogerse al segundo plan de prejubilaciones puesto en marcha por la empresa en un plazo de cinco años. El comité de empresa su-brayó ayer que al llevar tantos meses encadenando contratos eventuales, según el convenio, tenía ya los mismos derechos que un trabajador indefinido y podía acogerse al plan.

El PP consideró ayer “irregular” el pago con dinero público del plan de prejubilaciones de estas dos personas, denuncia que fue rechazada por el comité y por la dirección de la empresa.