No era el propietario, pero se creía el dueño del chiringuito. El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz no atendía a las instrucciones ni entregaba la recaudación obtenida a la empresa que lo contrató para prestar sus servicios en un establecimiento de playa. Tampoco comunicó a la sociedad la orden de embargo de parte de su salario dictada por el juez del ‘caso Malaya’.

Así lo asegura la representación legal de Flamenco Rosa 2001 SL, la entidad propietaria del chiringuito, de cuyo testimonio ha dado traslado el tribunal que juzga la supuesta trama de corrupción municipal a los juzgados de Marbella para que investiguen si existe un delito de desobediencia a la autoridad por parte del ex regidor.

En su resolución, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga acuerda deducir testimonio y remitir al Juzgado Decano de Marbella el escrito presentado por la abogada de la empresa, así como el informe elaborado al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, para que se inicie un procedimiento judicial separado del ‘caso Malaya’ en relación a estos hechos.

La mercantil Flamenco Rosa 2001 fichó a Muñoz a finales de mayo de 2009, medio año después de salir de prisión, para trabajar en el chiringuito Flamingo Beach, en San Pedro Alcántara. El ex regidor firmó un contrato de personal de alta dirección, un paso cualitativo dentro de su trayectoria profesional en el mundo de la hostelería, donde ejercía de camarero antes de incorporarse a las filas del GIL para convertirse, años después, en alcalde de Marbella.

Director general

Pocos meses después de su contratación, el Juzgado de Instrucción número 5 acordó el embargo de parte de los 1.500 euros que Muñoz cobrara como director general del restablecimiento para cubrir la fianza de un millón de euros que en concepto de responsabilidad civil se le exige en una pieza separada del ‘caso Malaya’. La orden de retención de salario la recibió el propio imputado, según afirma la empresa, que sostiene que el ex alcalde no dio parte de la resolución a la propietaria para que ésta pudiera cumplirla. La mercantil ignora si su empleado, de manera independiente, ejecutó la orden dictada por el juez.

Lo que sí conoce la empresa es la actitud que mantuvo Muñoz durante el tiempo en el que trabajó en el chiringuito, según el escrito presentado por la letrada de la sociedad en el juzgado. El documento tiene como objeto descartar cualquier tipo de responsabilidad por parte de la mercantil ante un posible delito de desobediencia, pero va más allá. El ex regidor no sale muy bien parado en el relato de los hechos.

Según la propietaria del chiringuito, una vez que Muñoz se hizo cargo del establecimiento «ejerció sus funciones con abuso de las que su contrato le permitía y sin atender a las instrucciones fehacientes de la empresa». La empresa subraya además que el ex alcalde «manejó todo lo recaudado en el restaurante, el pago de proveedores y servicios y la correspondencia, no entregando recaudación alguna a la propiedad».

A finales de enero de 2010, Muñoz fue despedido y el establecimiento cerró sus puertas. Antes, tras obtener el tercer grado penitenciario, el ex regidor había trabajado en una empresa de vinos de un familiar y luego ejerció como relaciones públicas de un restaurante, donde facturaba como autónomo. Desde que el chiringuito fue clausurado, Muñoz no cuenta con oficio conocido.