El Banco de España emplaza a las cajas a concluir las fusiones antes de Navidades
El Banco de España no baja la guardia, y cree que las recientes turbulencias de los mercados justifican su apremio. El gobernador, Miguel Fernández Ordoñez, ha emplazado a las cajas de ahorros en trance de fusión a constituir los bancos que funcionarán como organismos centrales de los nuevos SIP antes de las Navidades. Esa será la fecha límite para hacer pública la composición de los consejos y de los nuevos equipos ejecutivos, incluso en proyectos tan recientes como la incorporación de Cajasol a Banca Cívica.
Pero el resto de las entidades no pueden cruzarse de brazos. El supervisor aprovechó la oportunidad de intervenir en unas jornadas financieras organizadas por Caja Madrid para recordar que la totalidad de bancos y cajas están “imperiosamente obligados” a reducir costes, aumentar su eficiencia y a contrarrestar, en la medida de lo posible, la tendencia a la baja de los beneficios.
El panorama pintado por el gobernador para el ejercicio bancario no deja lugar al optimismo. La digestión del ajuste inmobiliario, el encarecimiento de la financiación externa e interna, el reducido nivel de los tipos de interés para buena parte de los préstamos, así como una recuperación de la actividad económica que “inevitablemente” será gradual, configuran un escenario en el que las entidades “sufrirán en el nivel y calidad de sus cuentas de resultados”.
Fernández Ordóñez elogió la integración de Cajasol en Banca Cívica, el último de los procesos anunciados en el sector, porque “todo lo qua vaya en pro de un aumento de tamaño suena muy positivo”, y salió en defensa del conjunto de los proyectos arropados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), frente a las críticas de los competidores. Argumentó que se han comprometido a devolver los costes de las ayudas con intereses, y opinó que lo importante es que “los procedimientos lleguen a buen término sin sufrir retrasos respecto a los calendarios establecidos”.
Ajustes organizativos
El gobernador observó que la reducción de capacidad que se plantea el sector de las cajas de ahorro españolas no se puede producir de golpe, porque antes han de llevarse a cabo los ajustes en las estructuras organizativas. Opina que estos ajustes no debieran chocar con grandes obstáculos y puso a modo de ejemplo la reducción en Caja Castilla-La Mancha, que tras la intervención y posterior asignación al grupo que lidera Cajastur, ha bajado el número de directivos desde 152 a 42.
Fernández Ordóñez se felicitó de las ventajas que el sector financiero español ha podido obtener del ‘colchón’ de las provisiones que se vieron obligados a realizar bancos y cajas en tiempos de bonanza, y del ejercicio de transparencia llevado a cabo mediante la publicación de los resultados de las pruebas de solvencia de todas las entidades. Pero añadió que los mercados “juzgan en términos relativos, como se ha visto en el caso de la crisis de la deuda soberana, y por ello aconsejó a las entidades “no sólo aumentar su fortaleza financiera y su rentabilidad, sino hacerlo al menos a la misma velocidad que sus competidores”.
La primera jornada del encuentro financiero internacional organizado por Caja Madrid convocó, entre otros ponentes, al consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y a Jaime Caruana, ex gobernador del Banco de España y uno de los principales ‘redactores’ del nuevo acuerdo de capital que, bautizado con el nombre de Basilea III, pretende impedir que se reproduzca una crisis financiera de las dimensiones de la que todavía están sufriendo los mercados globales. Dos gigantes bancarios españoles, BBVA y Santander, defienden que no se les exija más que a sus competidores porque, además de ser grandes, practican una banca típica, del modelo comercial que plantea menores riesgos, y porque su expansión internacional la han afianzado a base de filiales que disponen de capital y recursos propios.
Caruana refutó estos argumentos. “El tamaño importa, y mucho”, defendió. Y argumentó que, al margen del riesgo, deben ser considerados de manera especial porque, si se vienen abajo, las consecuencias siempre son mayores. Por ello insistió en que a los “demasiado grandes para dejarlos caer” se les debe exigir mayor capacidad de absorber pérdidas, y en caso de colapso, un plan ordenado para la vuelta a la solvencia o para acudir a un procedimiento de liquidación igualmente ordenado y sin recursos públicos.